15. El Gobierno Suárez


El Rey se sentía cada vez menos satisfecho con Arias por su incapacidad para reaccionar contra el fortalecimiento de la izquierda de otra manera que no fuese con la represión y la violencia. El 9 de junio las Cortes aprobaron una nueva ley de asociaciones políticas, pero se negaron a modificar el código penal, lo que habría permitido legalizar a los partidos políticos, tal como preveía la nueva ley. Incapaz de negociar con el búnker, e incapaz de negociar con la oposición, Arias dimitió el 1 de julio.

Pese a que se esperaba, en general, que se formase un gobierno encabezado por Areilza, Juan Carlos nombró a Adolfo Suárez para el cargo de presidente del Consejo de Ministros. La principal ventaja de Suárez era que, como antiguo secretario del Movimiento, podría ser capaz, guiado por Fernández Miranda, de utilizar al sistema contra sí mismo.

La ventaja, con todo, no resultaba evidente a mediados de 1976. Las credenciales falangistas de Suárez horrorizaron a la oposición, por lo que en la segunda semana de julio se convocaron manifestaciones masivas a favor de las libertades políticas y de la amnistía. El éxito de éstas no dejaron duda en Adolfo Suárez de que era necesaria una reforma rápida y completa si se quería resolver la crisis sin violencia.

En efecto, con un gobierno formado por elementos ligados a los sectores más progresistas del capitalismo español, Suárez decidió rápidamente establecer planes para una democratización más profunda. Una prensa dinámica y polémica se convirtió enseguida en el escenario para los debates sobre la reforma política. Suárez se enfrentaba a una difícil situación: por un lado, estaban el búnker y el ejército; por el otro, una oposición que concebía la ruptura pactada en términos de negociaciones con el Gobierno, con el fin de llegar a un acuerdo para formar un gobierno provisional tipo Pacto de San Sebastián(*), que preparase elecciones libres para formar unas Cortes constituyentes.

Carrillo, en particular, mantenía su presión por medio de una política calculada destinada a sacar a la luz de nuevo al PCE, retando al Gobierno a que tolerase la existencia del Partido o bien revelase su verdadera catadura volviendo a los métodos represivos. Tras una reunión del Comité Central del PCE, celebrada abiertamente en Roma a fines de julio, el Partido comenzó (en otoño) a distribuir carnets. Luego Carrillo informó a Suárez, a través de intermediarios, que si no conseguía un pasaporte, celebraría una conferencia de prensa en Madrid en presencia de Oriana Fallaci, Marcel Niedergang y otros influyentes periodistas.

Se estaba desarrollando así una verdadera lucha entre Suárez y la oposición por el control del proceso de transición. Como pretexto para retrasarlo, Suárez podía siempre hacer mención de los militares; como incentivo para acelerarlo, la oposición podía amenazar con un aumento de la presión de las masas populares. Suárez podía tan sólo tomar la iniciativa si era capaz de combinar importantes concesiones con sus esfuerzos para dividir al frente unido de la oposición.

Objetivo prioritario era hacer que los comunistas dejaran de marcar el ritmo de las reivindicaciones de la oposición y se situasen en un estado más defensivo para intentar evitar su aislamiento. A lo largo del mes de agosto Suárez se entrevistó con una amplia gama de personalidades de la oposición, incluido Felipe González, a quienes hizo una impresión favorable. Se mantuvo también en contacto con Carrillo a través de José Mario Armero e instó al líder del PCE a que no hiciera imposible la transición.

Suárez se hallaba en la cuerda floja. Cualquier reforma había de sortear a los militares y al establishment franquista, pero la presión se ejercía sobre Suárez. El 4 de septiembre, un amplio abanico de grupos liberales, socialdemócratas y democristianos, se reunieron en Madrid, en el Eurobuilding, para discutir con Coordinación Democrática y otros frentes de oposición regionales una serie de problemas relativos a la elaboración de una estrategia común.

Todo lo que salió de la reunión fue la creación de comités de enlace, pero esto no bastaba para obligar a Suárez a acelerar los preparativos para la presentación de su proyecto de reforma política. No era de extrañar que hubiese rumores constantes de golpe de estado militar. Nada muestra mejor las notables cuali- dades de Suárez para la maniobra política que la destreza con la que aseguró la aquiescencia del ejército respecto de sus planes. El 8 de septiembre presentó el proyecto ante un grupo de oficiales de alta graduación y les pidió su patriótico apoyo. Suárez gozaba del apoyo de Juan Carlos, por lo que sus planes fueron aceptados por los militares, aunque con reticencias, éstos insistían en que el PCE debía ser excluido de cualquier futura reforma. Suárez no mantendría su promesa y ello conduciría a que la hostilidad de los militares contra él fuese en aumento.

Por el momento, el primer aviso fue la dimisión del vicepresidente par Asuntos de la Defensa, general Fernando Santiago y Díaz de Mendívil, que declaró que "el Gobierno prepara una disposición, posiblemente con el rango de decreto-ley, al que me he opuesto infructuosamente, por el que se autoriza la libertad sindical, lo que supone, a mi juicio, la legalización de las centrales sindicales CNT, UGT y FAI, responsables de los desmanes cometidos en zona roja, y de las CC.OO., organización sindical del Partido Comunista". La dimisión provocó declaraciones de solidaridad por parte de otros militares, expresiones de alegría en la prensa del búnker y el nombramiento del general liberal Manuel Gutiérrez Mellado para sustituir a aquél. Las esperanzas puestas por el búnker en un golpe de estado quedaron defraudadas.

El 10 de septiembre, Suárez presentó el proyecto de reforma al país. Dado que había sido su gobierno el que había propuesto celebrar elecciones antes de mediados de 1977, y dado que no haría mención para nada de su dimisión y la formación de un gobierno provisional, el PCE denunció el proyecto, al que calificó de fraude antidemocrático. Sin embargo, otros grupos de la oposición se habían visto agradablemente sorpren- didos por la amplitud de la democratización de la vida cotidiana, por lo que parecía cobrar cuerpo las promesas de Suárez. La presa funcionaba normalmente, lo grupos políticos a la derecha del PCE no tenían impedimentos, el PSOE estaba preparando su XXVII Congreso, e incluso al PCE se le permitió, extraoficialmente, que se ocupara de sus asuntos dentro del territorio español.

La iniciativa estaba pasando a manos de Suárez. Este pudo insinuar a los socialistas y a los democristia-nos que podría hacer incluso mayores concesiones, siempre que no se agitase demasiado el barco y no se provocase a los militares insistiendo en una prematura legalización del PCE. Con su típica habilidad y astucia, Suárez estaba tratando de utilizar el asunto para meter una cuña entre los grupos de la oposición y, al mismo tiempo, para imponer prudencia a Carrillo. Enfrentada a la evidente imposibilidad de imponer cambios en contra de la voluntad de los militares y a los considerables signos de que las cosas marchaban deprisa y bien con Suárez, la oposición no podía hacer otra coas más que conformarse.

En efecto, con la ayuda de Torcuato Fenández Miranda, Suárez esta teniendo un gran éxito en conducir su proyecto de reforma por entre las instituciones franquistas. El 8 de octubre, en un atmósfera algo tensa, su proyecto fue aprobado, con alguna enmienda sin importancia, por el Consejo Nacional por ochenta votos contra trece y seis abstenciones. A mediados de noviembre, cuando el proyecto fue discutido en las Cortes, hubo habilidosos despliegues de sofisterías, utilizándose toda la panoplia de las teorías políticas franquistas, por ambos bandos: Blas Piñar asumió la defensa del búnker y Miguel primo de Rivera la del proyecto de reforma. Las maniobras previas entre bastidores de Suárez y Fernández Miranda produjeron sus frutos, pues la reforma fue aprobada por 425 votos, contra 59 y 13 abstenciones. Era un suicidio colectivo, debido, probablemente, tanto al hábito de la obediencia como a un exagerado sentido del patriotismo. Al estar las instituciones franquista ya en voluntaria liquidación, el camino quedaba expedito para la celebración de las elecciones. Suárez había tenido plenamente razón al confiar en que la oposición habría aceptado su versión de una reforma otorgada desde arriba.

La oposición permaneció en una actitud recelosa, lo que era comprensible tras los inútiles intentos de reforma de los que había sido testigo con Solís, Carrero Blanco y Arias Navarro. El 23 de octubre, Coordinación Democrática se había unido a cinco frentes regionales, de Valencia, Cataluña, Baleares, Canarias y Galicia, para formar la Plataforma de Organismos Democráticos. Al saberse que Suárez pensaba convocar un referéndum, la Plataforma había amenazado con boicotearlo. Sin embargo, ahora era Suárez quien marcaba el tono, y se fue abriendo paso la idea de que habría un comité de notables de la oposición para negociar con el Gobierno. La ola de huelgas fue perdiendo empuje y, pese al llamamiento de la oposición en favor de la abstención, el referéndum del 15 de diciembre vio como se aprobaba el proyecto por el 94 por 100 de los votos. Por estas fechas el PSOE estaba ya dispuesto a aceptar que Suárez era capaz de acabar con el franquismo. En su XXVII Congreso, los socialistas decidieron participar en las elecciones, aunque no se hubieran legalizado todavía todos los partidos.


(*) Acuerdo (1930) entre republicanos y socialistas para derribar la monarquía de Alfonso XIII e instaurar la república.

14.-La monarquía 16.-Legalización del PCE