16. Legalización del PCE


De este modo, el PCE quedó metido claramente en un ghetto, por lo que el objetivo principal de la política comunista fue el de su legalización. Cuando Carrillo supo que el resto de la oposición probablemente no iba a arriesgar lo que había conseguido ya para que se legalizara al PCE, intentó forzar el paso. Vivía clandestinamente en Madrid, por lo que convocó una conferencia de presa el 10 de diciembre, que era como una provocación, aunque sus palabras fueron conciliadoras. Dejó entrever que, si se permitía al PCE participar en las elecciones, su partido colaboraría en la elaboración de un contrato social que permitiese hacer frente a la crisis económica. Dada la influencia comunista en CC.OO. y dado el hecho de que el descontento de la clase obrera era una de las razones por las que incluso los franquistas habían contemplado la necesidad de reformas, se trataba, evidentemente, de una oferta significativa. Carrillo fue detenido pero fue liberado ocho días después. Si no hubiese sido liberado habría quedado dañada la credibilidad liberal de Suárez. La liberación de Carrillo fue uno de los más importantes pasos en favor de la legalización del PCE.

En tanto que se aceleraba el progreso de la democratización, la desesperación del búnker se iba agudizando. Inmediatamente después de que Suárez hiciese su primera declaración referente a su compromiso con el cambio, había comenzado un intento muy bien orquestado para desestabilizar a España según las líneas de acción de la extrema derecha en Sudamérica y en Italia.

Un presunto grupo marxista-leninistra escindido, el GRAPO, infiltrado o manipulado por la derecha y por elementos de la policía, comenzó su actividad con una campaña de atentados con bombas, para pasar luego, después de que el referéndum había demostrado que existía un apoyo popular masivo al cambio, al secuestro de dos prominentes figuras del establishment, el presidente del Consejo del Reino y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Militar. El 24 de enero de 1977, terroristas de ultraderecha asesinaron a cinco personas, de las que cuatro eran abogados laboralistas comunistas, en la calle Atocha.

El PCE hizo un llamamiento a la serenidad y organizó un despliegue gigante de solidaridad, en silencio, durante los funerales de las víctimas. La demostración de la fuerza y disciplina del PCE no sólo impresionó a Suárez personalmente, sino que gran parte de la hostilidad popular a la legalización del partido se desvaneció ante su respuesta autocontrolada a la tragedia. Una delegación de dirigentes de la oposición negoció con Suárez y, a cambio de promesas de actuación contra la violencia del búnker, ofreció una declaración conjunta gobierno-oposición denunciando el terrorismo y haciendo un llamamiento al pueblo para que apoyara al Gobierno. Fue uno de los mayores triunfos de Suárez. No sólo su respaldo popular se vio reforzado, sino que recibió la izquierda como perteneciente a las fuerza democráticas de la nación.

En febrero dio comienzo el proceso de legalización de los partido políticos. El escollo mayor lo representaba el PCE. Para el búnker y el ejército, la legalización del comunismo significaba echar por la borda aquello por lo que habían combatido desde 1936. Por otro lado, Suárez tenía que estar de acuerdo con la oposición en que la democracia no podría ser completa se excluía un partido de la importancia del PCE. Además, tanto él como los demás partido confiaban en que, al haber llegado con retraso a la palestra, el PCE dispondría de un apoyo popular menor del que esperaba.

El 27 de febrero Suárez estaba ya preparado para verse con Carrillo. A cambio de la legalización, Carrillo aceptó reconocer la monarquía, adoptó la bandera monárquica y ofreció su cooperación para llegar a un futuro pacto social. Para refrescar la memoria al Gobierno sobre la capacidad del PCE para organziar un escándalo internacional si quedaba excluido de las elecciones, el 2 de marzo Carrillo hizo de anfitrión en el Hotel Meliá-Castilla, de Madrid, al recibir a Berlinger y a Marchais, que iban a asistir a una cumbre comunista. El 9 de abril, cuando la mayoría de la élite política y militar se hallaba fuera de Madrid por las vacaciones de Semana Santa, Suárez anunció la legalización del PCE.

Esto condujo a la última y más seria crisis en el camino hacia la democracia. El almirante Gabriel Pita da Veiga, ministro de Marina, presentó la dimisión como protesta por la legalización. Se rumoreó que los ministros de Aviación y del Ejército y cierto número de jefes militares importantes habían dimitido también. Ciertamente, la hostilidad del ejército contra Suárez será desde entonces un hecho, y, como mostrarán los acontecimientos de 1981, nunca disminuirá. El Consejo superior del Ejército encajó la noticia de la legalización con una demostración de reticente disciplina y patriotismo. El Rey y Gutiérrez Mellado hubieron de trabajar duro para contener la crisis.

Con un ánimo algo alarmado, la comisión conjunta de la oposición y del gobierno elaboraron una ley electoral. La campaña se desarrolló en una atmósfera de fiesta popular, que recordó a muchos el advenimiento de la segunda república en 1931. Los carteles, los mítines y los programas televisivos llevaron la campaña hasta un número sorprendentemente elevado de españoles. Votaron dieciocho millones de personas, casi un 80 por 100 de todo el electorado, y aproximadamente un 90 por 100 de éste votó claramente por el cambio.

El régimen de Franco llegó realmente a su fin el 15 de julio de 1977. El fin había estado cerca durante muchos años, pero había faltado el método. La creciente decrepitud del sistema franquista había sido algo obvio durante años: desde los últimos sesenta, un número cada vez mayor de antiguos franquistas comenzó a darse cuenta de ello. Y comenzó un proceso bidireccional. Por una parte, se hcieron diversos esfuerzos para adaptar el franquismo a las nuevas circunstancias sin cambiarlos fundamentalmente. Solís, Carrero y Arias lo intentaron, uno después de otro, y uno después de otro naufragaron ante la oposición del búnker y ante los propios instintos esencialmente franquistas. Por la otra, los repetidos fracasos en realizar la reforma convencieron a cada vez más amplios sectores de la oligarquía económica, de los monárquicos liberales y, a veces, de los franquista inteligentes, de que su supervivencia dependía del cambio.

Así, los ideales de la oposición, alimentados desde 1939, acabaron siendo compartidos, si bien de forma moderada, por algunos de sus enemigos de antaño. Lo que faltaba era un método por el cual pudiese llevarse a cabo la transición de la dictadura a la democracia sin derramamiento de sangre. En 1976 pareció todavía como si el enfrentamiento fuese inevitable. Si esto no fue así, hay que atribuirlo a la habilidad de Adolfo Suárez, al valor y a la decisión del Rey Juan Carlos, a la sensatez y moderación desplegadas por Felipe González, Santiago Carrillo y otros dirigentes de la oposición, a los cuarenta años de lucha de la oposición para mantener en pie las ideas democráticas y vivos los ideales, y sobre todo, al buen sentido de la gran mayoría del pueblo español.

15.-El Gobierno Suárez Bibliografía