2. Estudiantes, obreros y sacerdotes


Además, la relativa prosperidad traída por el neo-capitalismo había alterado la naturaleza de la amenaza de la clase obrera sobre la oligarquía (precisamente, también, porque la propia oligarquía había cambiado). La relación entre unos trabajadores que pagaban los plazos de un Seat 600, un televisor y una nevera y los banqueros e industriales que dependían de una elevada y continuada productividad, era claramente diferente de la existente entre braceros y latifundistas en los años treinta. Las exigencias de una economía más compleja habían creado un nuevo proletariado con un nivel relativamente alto de especialización y de ingresos.

Para los industriales y banqueros que dirigían la economía, los acuerdos en torno a la productividad eran más necesarios para asegurar un crecimiento continuado de la economía que el terror policial. Cuando muchas de las mayores y más competitivas empresas, preferían mirar al futuro e integrar a la clase trabajadora en el sistema capitalista, a través de una economía basada en incentivos económicos y ampliar sus operaciones entrando en contacto con la Comunidad Económica Europea, el búnker franquista y sus métodos resultaban ya, en el mejor de los casos, embarazosos y, en el peor, un obstáculo para el futuro desarrollo económico.

En 1969, estas contradicciones se hallaban todavía en estado latente. Aún no había llegado el momento en que la presión ya tradicional de intelectuales, estudiantes, trabajadores y campesinos por el cambio se viera reforzada por una presión similar por parte de sectores antes firmemente franquistas : ese momento llegaría sólo tras la crisis de 1973.

Con todo, ya podían verse signos en esa dirección. La oposición estudiantil y obrera estaba creciendo en escala e intensidad de forma continuada y reforzaba los efectos que el cambio socioeconómico estaba teniendo sobre la élite franquista. Esto quedaría dramáticamente claro con ocasión del escándalo Matesa, en 1969, y con ocasión de las repercusiones que tuvo el proceso de Burgos de 1970.

La agitación en las universidades española había sido intermitente desde 1956 y prácticamente endémica desde 1962, pero en 1968 la situación de crisis había alcanzado un punto en que la ocupación policial de los campus universitarios era casi permanente. La presión de los estudiantes aspiraba a sustituir el Sindicato Español Universitario (SEU) por instituciones democráticas, aspiración que chocaba completamente con el edificio político franquista. A la vista de lo que ocurría en otros puntos de Europa, el régimen observaba los disturbios estudiantiles con gran atención. En mayo de 1968 hubo incidentes en Madrid entre la policía y 5.000 manifestantes universitarios y el descontento llegó incluso a la Universidad opusdeísta de Navarra.

Para el régimen el problema era agudo. No sólo se trataba de estudiantes, en general, preparados para ser en el futuro los burócratas del Estado español y los directores de la industria española, sino que muchos de los estudiantes que fueron víctimas de las cargas de la policía eran hijos e hijas de la burguesía acomodada e incluso de los altos funcionarios del régimen. El propio Caudillo reflejó su preocupación por este problema en su discurso de Sevilla el 22 de junio, refiriéndose, con sorpresa de todos, a la necesidad de un diálogo. Ya en abril de 1968, la gravedad del problema era cosa conocida, aunque inadecuadamente, lo que quedó patente con el nombramiento de un simpatizante del Opus Dei, José Luis Villar Palasí, como ministros de Educación.

Esto significó un revés para los inmovilistas de la élite gubernamental, revés paralelo a su incapacidad para enfrentarse al problema del descontento obrero. El crecimiento económico de los sesenta había traído consigo una creciente prosperidad para los trabajadores, pero aun así recibían tan solo una parte desproporcionadamente baja de los beneficios del boom económico español. Se produjo una intensificación de la conciencia de clase, lo que quedó reflejado en un aumento de la fuerza de Comisiones Obreras y en el hecho de que las huelgas se iban politizando cada vez más.

La Organización sindical oficial nunca había llegado a ser un intermediario eficaz entre los trabajadores, patronos y el Estado, y, desde 1969, sus deficiencias saldrían a la luz de manera mucho más rotunda cada día. José Solís Ruiz, ministro secretario general del Movimiento, hizo un débil intento de captación de los nuevos militantes de la clase trabajadora para el sindicalismo oficial. Inevitablemente, y pese a la retórica anticapitalista de la Falange, toda operación de este tipo que no ofreciese a los trabajadores el derecho de representación independiente o el derecho de huelga, estaba destinada al fracaso. Mientras banqueros e industriales negociaban ya, desde hacía tiempo, en secreto con los dirigentes de CC.OO. en Madrid y Barcelona, los encuentros entre los funcionarios de los sindicatos oficiales y los representante de CC.OO. llegaban demasiado tarde. Además, la inanidad de la operación de Solís quedó de manifiesto ante el uso continuado de la policía para acabar con las huelgas.

Para poner las cosas todavía peor para los inmovilistas, la Conferencia de Obispos del 24 de julio de 1968 había condenado los sindicatos verticales y hecho un llamamiento en pro de unos sindicatos libres. Ahora ya, el alejamiento respecto del régimen no se limitaba a organizaciones como la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) o como la Juventud Obrera Católica (JOC) o a los curas obreros, sino que, tras el Concilio Vaticano II, el movimiento para disociar a la Iglesia del régimen empezó a extenderse también a la jerarquía.

También la iglesia estaba dividida entre inmovilistas y aperturistas, pero el Vaticano apoyaba de forma creciente a las fuerzas más liberales. Esto se hizo evidente durante las negociaciones de 1969 para la renovación del Concordato, que quedaron bloqueadas por la negativa de Franco a ceder su derecho al nombramiento de obispos, derecho al que se agarraba desesperadamente desde el momento en que la independencia de los obispos había comenzado a ser un grave problema. El Vaticano y la jerarquía española replicaron explotando el hecho de que, bajo el Concordato, el régimen no podía interferir en el nombramiento de obispos auxiliares o de administradores apostólicos. Pese a la irritación de los franquistas duros, los nombramientos algo más liberales fueron convirtiéndose en norma, no sin que se llevase a cabo una furiosa actividad de retaguardia por parte del régimen y de los miembros reaccionarios de la jerarquía eclesiástica.

El proceso por el que obispos liberales como monseñor José María Cirarda Lachiondo, de Santander, y como monseñor Antonio Añoveros Ataún, de Cádiz, criticaban abiertamente la injusticia social, siguió un curso ascendente a comienzos de 1969. El primado reaccionario cardenal Plá y Deniel había muerto en julio de 1968 y había sido sustituido por monseñor Vicente Enrique y Tarancón, comprometido con el espíritu del Vaticano II. El proceso de gradual retirada del apoyo eclesiástico al régimen de Franco se convirtió, a partir de entonces, en uno de los elementos dominantes del periodo 1969-1975. Lo que no quiere decir, con todo, que los obispos reaccionarios como Guerra Campos, Morcillo González, Almarcha Hernández y Cantero Cuadrado no continuasen identificándose plenamente con la dictadura.

El clamor crítico, en aumento, de estudiantes, obrero y sacerdotes no condujo a liberalización alguna pese a la aparición de serios desacuerdos en el seno de las fuerzas del régimen. Por el contrario, como corresponde a una agonía lenta y larga, el régimen se lanzó a la represión con una dureza creciente.

Ya en 1968, la intensificación de la violencia en el País Vasco había conducido a la proclamación del estado de emergencia en Guipúzcoa y al resurgimiento de la Ley de Bandolerismo y Terrorismo. Luego, el 24 de enero de 1969, como respuesta a las manifestaciones estudiantiles, a la huelgas del Norte y a la continua tensión en Euskadi, el ministro de Gobernación, general Camilo Alonso Vega, convenció a Franco para que proclamase el estado de emergencia en todo el país, aun con la oposición de algunos de los ministros del Opus Dei, que habían preferido que quedase limitado a Madrid y Barcelona. Se realizaron numerosas detenciones, pero el estado de emergencia acabó pronto, el 25 de marzo, por miedo a atemorizar a los turistas. Era, pues, una demostración más de como una realidad social y económica en vías de cambio mostraba la falta de adecuación y la inoportunidad de los métodos franquistas.

La manera en que el búnker estaba siendo aislado y forzado a recurrir a la violencia da inevitablemente una imagen favorable de los aperturistas. La mete de los tecnócratas del Opus Dei, que controlaban los ministerios económicos, era la de alcanzar una economía capitalista próspera, integrada en el mercado mundial. En ese sentido, al menos, eran claramente más progresistas que algunos de los trogloditas políticos que ocuparon cargos ministeriales con Franco.

Sin embargo, no habría que olvidar que sus esfuerzos para impulsar el crecimiento se caracterizaron con frecuencia por la ineficacia, la corrupción y el alto coste social. El primer Plan de Desarrollo reflejó la creencia de los tecnócratas de que los esfuerzos para redistribuir la riqueza, para disminuir los desequilibrios regionales o, incluso, para aumentar las inversiones estatales, producirían cambios fiscales que perjudicarían a las clases privilegiadas, para cuya protección el Régimen existía principalmente. Por ello, los tecnócratas buscaron un crecimiento que aceptase e intensificase la desigual distribución de la riqueza, las desigualdades regionales y la dependencia tecnológica. Esta tendencia quedó plenamente de manifiesto en los planes de desarrollo siguientes.

A pesar de la autocomplacencia de los tecnócratas, el crecimiento comenzó antes de que sus planes fueran realidad y, con frecuencia, continuó a pesar de ellos. Una vez en marcha el impulso económico debido a la apertura de España al comercio mundial, la planificación a largo plazo tendió hacia una política de vaivén que aspiraba únicamente al control de la inflamación y de los déficit de la balanza de pagos. Así, cuando el boom de los sesenta comenzó a ralentizarse, los tecnócratas sólo pudieron responder con medidas de austeridad, dirigida contra el crédito y los salarios, por lo que fue inevitable que la presión social sobre el régimen se intensificara.

1.-La agonía del Franquismo 3.-El sucesor