3. El sucesor


El aumento de la inestabilidad socioeconómica hizo aumentar, por otra parte, la preocupación del régimen respecto a la sucesión de Franco y a los años posteriores a su desaparición. Hacía ya mucho tiempo que Franco se había comprometido oficialmente a hacer volver la monarquía a España. Aparte de su repugnancia personal a abandonar el poder, el Caudillo estaba decidido, asimismo, a nombrar únicamente un sucesor plenamente comprometido con la perpetuación de su régimen, lo que excluía de entrada a don Juan de Borbón y a Carlos Hugo.

En efecto, el príncipe Juan Carlos había sido preparado para su futuro cargo y su presentación e introducción en la vida oficial había comenzado en los años sesenta. Sin embargo, Franco había pospuesto siempre lo más posible su decisión final, con el fin de conservar el apoyo de todas las distintas facciones monárquicas y evitar la oposición de los falangistas. La situación se aclaró a fines de 1968 tras la expulsión de Carlos Hugo. Más tarde, el 22 de julio de 1969, Franco proclamó sucesor oficial a Juan Carlos y, al día siguiente, el príncipe prestó juramento de lealtad a Franco, a los principios del Movimiento y a las leyes fundamentales del Estado.

El nombramiento de Juan Carlos fue recibido con satisfacción en los círculos franquistas, que veían que de este modo se habían tomado finalmente las medidas definitivas para garantizar la continuidad del régimen. Los monárquicos liberales que apoyaban a don Juan y propugnaban una política de evolución desde dentro, se sintieron decepcionados al ver desvanecerse sus esperanzas y algunos de ellos comenzaron a aproximarse a la oposición democrática. También los falangistas se sintieron decepcionados, aunque se consolaron pensando que la supervivencia del franquismo sin Franco facilitaría su propia supervivencia. Ni ellos ni los enemigos del régimen podían prever el papel que jugaría Juan Carlos en la transición a la democracia en 1976 y 1977.

Sea como sea, aunque el nombramiento de Juan Carlos resolvía por el momento el problema de la sucesión de Franco, no resolvió la incipiente lucha por el poder con relación a la naturaleza del futuro régimen. Las divisiones entre aperturistas e inmovilistas estaban produciendo disensiones (fútiles, como se vería dentro de poco) sobre el problema de las asociaciones políticas. En 1967, los inmovilistas habían conseguido ser los ganadores en todas las batallas sobre proyectos de leyes relativos a la libertad religiosa, a la representación familiar y a la Ley Orgánica, pero en 1968 los aperturistas habían sido capaces de introducir en el Estatuto del Movimiento un artículo que permitía la formación de asociaciones dentro del Movimiento, que facilitaría la formulación y el contraste de opiniones legítimas.

Pero lo que reveló la inutilidad del intento de formalizar un pluralismo limitado de las fuerzas del régimen fue la aprobación, por parte del Consejo Nacional del Movimiento, del Estatuto de Asociaciones, el llamado Estatuto Solís, en julio de 1969. Asociaciones de opinión sin significado alguno, no tenían función electoral alguna, y requerían un número de miembros mínimo fijado en 25.000, y su legalización quedaba el arbitrio del Consejo Nacional. Las asociaciones, totalmente rechazadas por la oposición democrática, estaban limitadas a las fracciones franquistas : Fuerza Nueva, de Blas Piñar ; Acción Política, de Pío Cabanillas ; Reforma Social Española, de Cantarero del Castillo.

Franco no había sido nunca contrario a los esfuerzos para dotar a su régimen de una capa cosmética de liberalismo, aunque sólo fuese para impresionar a la oficina internacional. Tuvo buen cuidado, asimismo, de permanecer apartado de las pugnas internas entre sus colaboradores, excepto cuando podía reforzar su propia posición explotando aquellas divisiones. No obstante, no había la menor duda de que Franco llevaba sus simpatías más hacia los inmovilistas. Tales simpatías, con todo, quedaban subordinadas habitualmente a su instinto de supervivencia. Lo que quedó ilustrado gráficamente por el tratamiento que dio Franco al escándalos Matesa, que salió a la luz en agosto de 1969.

Los falangistas habían tolerado malamente el creciente predominio de los tecnócratas del Opus Dei. Temían, asimismo, que ese predominio se consolidara en el futuro, con la monarquía de Juan Carlos. El asunto Matesa pareció ser el modo perfecto para restablecer el poder falangista.

Matesa era una empresa dirigida por Juan Vila Reyes, amigo íntimo de Laureano López de Rodó, el ministro del Plan de Desarrollo. La empresa se había visto involucrada en una gigantesca apropiación ilegal de fondos del estado obtenidos fraudulentamente del Banco de Crédito Industrial. Los fondos, en torno a los 10.000 millones de pesetas, habían sido utilizados para financiar las aventuras del Opus Dei en el extranjero. Junto a Vila Reyes y a López Rodó, los ministros más directamente implicados, Faustino García Moncó, de Comercio, y Juan José Espinosa san martín, de Hacienda, más el gobernador del Banco de España, Mariano navarro Rubio, eran todo miembros del Opus Dei. Solís y Fraga vieron llegado su momento. Fraga permitió que la cadena de publicaciones del Movimiento lanzase una violenta campaña contra el Opus, con el discreto apoyo de otros grupos igualmente hostiles al Opus Dei. Sin embargo, ambos habían cometido un grave error de cálculo al sopesar la situación.

2.-Estudiantes, obreros y sacerdotes 4.-Carrero