5. Represión


Sea como sea, el plan de Carrero iba a terminar con su asesinato y con la crisis económica general. Apenas dos años después de su muerte se vería a los aperturistas intentar manipular la liberalización política como un sustitutivo de la prosperidad económica. En 1970, sin embargo, subsistía la esperanza de una reforma educativa, de una nueva ley sindical, de una mejora de las relaciones Iglesia-Estado e, incluso, por muy ilusorio que esto pudiese parecer, de entrar en la Comunidad Económica Europea.

En efecto, el 29 de junio de 1970, López Bravo consiguió un acuerdo comercial preferencial con la Comunidad, aunque la plena integración siguiese dependiendo de una liberalización política que el régimen era incapaz de llevar a cabo. Sin embargo, el acuerdo llegaba en un momento de recuperación política, y dio pie para algún optimismo, pero, en última instancia, el Gobierno de Carrero se mostraría incapaz de resolver los más graves conflictos entre el Estado franquista y amplios sectores de la sociedad española.

La reforma educativa apenas produjo otra cosa que la masificación, destinada a crear las grandes hornadas de directores, técnicos y funcionarios que la nueva España capitalista exigía. Esto añadió un profundo descontento educativo al descontento político de los estudiantes. Por consiguiente, la agitación universitaria aumentó.

Al mismo tiempo se incrementó el divorcio entre la iglesia y el régimen. Esto fue, en parte, una respuesta al aumento de los conflictos laborales y a la rapidez con que el Gobierno de Carrero Blanco recurrió a un tipo de represión violento que la mayoría de los españoles creía haber dejado atrás en los años cuarenta. Las huelgas y el terror policial empleado contra los huelgistas dio un aire de irrealidad a los debates sobre la nueva ley sindical.

1970 comenzó con huelgas en Asturias, que se extendieron rápidamente y llegaron a ser las más serias desde la ola huelguística de 1962. A mediados de enero había ya 30.000 trabajadores en huelga en el norte. El Gobierno se vio obligado a importar carbón para mantener en funcionamiento las industrias del hierro y del acero. Esto fue un relativo triunfo para López Bravo, ya que una parte importante de las importaciones vinieron de los países del Este (aunque ello reflejó también la disposición de la URSS a castigar a los comunistas españoles por su indisciplina más que, quizá, el éxito de la apertura de López Bravo a la URSS,

La tensión laboral aumento durante la primavera y los primeros meses del verano. Alcanzó su punto culminante cuando se produjeron las huelgas de la construcción, de Granada, y las del metro, de Madrid. El 21 de julio, la policía abrió fuego sobre 2.000 obreros de la construcción en Granada, matando a tres e hiriendo a seis. Quizá, la prueba de la crisis de identidad y autoridad que el régimen estaba padeciendo fue el que se recurriera a la violencia policial de esa manera. Esta impresión se refuerza por la reacción histérica de la prensa del Movimiento, que lanzó un ataque inmediato contra el clero granadino, acusándolo de haber provocado la huelga. El 28 de julio, el arzobispo de Granada, Benavent Escuín, hasta entonces considerado como conservador, publicó una carta pastoral en la que condenaba la brutalidad de la policía y defendía a los sacerdotes obreros que habían sido atacados por los diarios falangistas.

Considerando, celosamente, que el terreno sindical era su reserva exclusiva, los falangistas se irritaron por la intervención de la Iglesia y se enfurecieron por el hecho de que el arzobispo Benavent exigía, además, canales a través de los cuales los trabajadores pudieran presentar sus reivindicaciones legítimas. La catedral de Granada había servido de santuario para los huelguistas y fue haciéndose común en España el uso de edificios de la Iglesia para fines similares (tales como reuniones obreras y refugio anta la policía). Y, finalmente, fueron los violentos ataque rencorosos de los extremistas de Fuerza Nueva contra los curas lo que a su vez alejó aún más a la Iglesia del régimen.

El descontento laboral, del que la huelga de Granada había sido tan sólo un episodio, era reflejo de la fuerza creciente de Comisiones obreras y de la continua presencia de la HOAC y de la JOC. El 26 de julio, más de cien representantes de las tres organizaciones se habían reunido en un monasterio de Las Rozas para planear una estrategia común. Aunque la reunión fue interrumpida por la policía, que detuvo a algunos de sus líderes, tuvieron tiempo de tomar diversas decisiones respecto de la política a seguir sobre diversos aspectos, entre los que se incluían planes para la coordinación de una jornada nacional de acción.

La atmósfera conflictiva y de inestabilidad se hizo más densa el 29 de julio, cuando, por primera vez desde la guerra civil, el metro madrileño quedó paralizado por una huelga que fue la culminación inesperada de tres meses de discusiones sobre los salarios. Una reunión de urgencia del Gobierno decidió militarizar a 3.800 obreros, lo que significaba que podían ser sometidos a un Tribunal militar por sedición. Los huelguistas no tuvieron otra opción que volver al trabajo.

La impresión de que el régimen se mostraba brutal porque tenía miedo se vio confirmada al día siguiente, cuando en Pamplona la policía cargó con caballos contra una manifestación. La vuelta a las tácticas represivas estaba produciendo algo muy importante: un número cada vez mayor de personas se estaba convenciendo de la necesidad de la unidad, con el fin de alcanzar el cambio político.

Esto quedó claro en el otoño de 1970. Mientras continuaban huelgas esporádicas en Madrid y en Asturias, el 3 de noviembre, Comisiones Obreras optó por lanzar un plan que preveía una huelga general de veinticuatro horas, para presionar en favor de la amnistía de los presos políticos.

En cierto sentido, el plan resultó contraproducente, ya que proporcionó a la autoridades la ocasión y el pretexto para emprender violentas represalias. Debido a la represión y a la falta de una motivación económica inmediata, la respuesta a la jornada de lucha de noviembre fue desdibujada. Sin embargo, comparada con la huelga nacional pacífica de 1959, la jornada de lucha no fue un fracaso total. Incluso las estimaciones oficiales, exageradamente bajas, hubieron de admitir que la huelga había sido seguida por 25.000 persona, en particular en Cataluña, en el País Vasco, Madrid y Sevilla.

Hubo indicios importantes de que las huelgas en cuestión no habían sido inspiradas tan sólo ya por motivaciones económicas. Esto se vio confirmado por el apoyo público dado a la jornada de lucha de intelectuales, artistas y estudiantes, tanto en Barcelona como en Madrid. Era evidente que estaba aumentando la solidaridad entre las fuerzas de la oposición, al tiempo que se agrandaban las grietas en la coalición de fuerzas franquistas. Paralelamente, el Gobierno estaba volviendo, debido a las presiones a que se veía sometido, a sus instintos primordiales.

4.-Carrero 6.-El juicio de Burgos