8. Inmovilismo


Esta salida provisional a la crisis interna de las fuerzas del régimen no cambió el hecho de que el Gobierno estaba enfrentándose a una situación cada vez más difícil. El triunfo del inmovilismo no aumentó la capacidad de los ministros para hacer frente a los problemas. Esto quedó claro por las insuficiencias de la nueva ley sindical aprobada el 16 de febrero de 1971.

La ley aceptaba asociaciones profesionales limitadas, pero no preveía nada que viniese a dar a los obreros participación o representación. Con las notables excepciones del arzobispo Cantero Cuadrado y del obispo Guerra Campos, la ley fue condenada por la gran mayoría de la jerarquía religiosa. La irrelevancia de la ley se vio resaltada por el hecho de que los poderes arbitrarios de la policía se utilizaran no sólo contra ETA, sino contra los miembros de Comisiones Obreras y de la Unión general de Trabajadores (UGT).

El grueso de la represión, sin embargo, siguió dirigido contra los activistas vascos, los cuales, pese al cada vez mayor número de detenciones, incrementaron su campaña de robos, atracos y atentados con bombas. Con el tiempo, y como respuesta a la represión contra las aspiraciones de clase y regionalistas, había intentos para unificar ambas luchas. Semieclipsados los aperturistas, no parece que los duros creyeran en la cuenta de que la utilización de la violencia servía únicamente para hacer crecer a las fuerzas de la oposición.

En ningún lugar fue esto más evidente como en Cataluña. A lo largo de 1971 se llevaron a cabo reuniones preparatorias entre representantes de las principales fuerzas de oposición catalanas, socialistas, comunistas, Comisiones Obreras, monárquicos y católicos liberales.

El 7 de noviembre, unos 300 delegados se reunieron secretamente en Barcelona en lo que fue la primera Assemblea de Catalunya, inspirada en parte por las experiencias del año anterior en Montserrat. Lo importante de esta Assemblea y de su programa para la amnistía y libertad políticas fue que se consiguiera algo sin precedentes: la unidad de un amplio espectro de grupos políticos y sindicales. Además, entre los firmantes se incluían algunos miembros de la burguesía industrial y bancaria catalana. La Assemblea demostró que, frente a las respuestas políticas fosilizadas de los inmovilistas, los sectores influyentes de la oligarquía industrial y económica española buscaban ya vías alternativas de entendimiento para su propia supervivencia.

La respuesta del Gobierno puso de manifiesto su descomposición. Sin más, Carrero dispuso que se tomaran medidas más duras, y un número de delitos, hasta entonces bajo jurisdicción civil, quedaron sometidos a la ley marcial. La ley de Orden Público fue reformada y se aumentó la cuantía de las multas del Tribunal de Orden público (TOP). No pagar las multas acarreaba ahora tres meses de cárcel. El diario más liberal del país, Madrid, fue clausurado y su director, el opusdeísta liberal Rafael Calvo Serer, hubo de exiliarse. El endurecimiento de la censura causó problemas a las publicaciones izquierdistas de todo tipo.

El impacto de todas estas medidas sería compensado, ante el mundo, por una amnistía parcial, el 1 de octubre de 1971, con ocasión del trigesimoquinto aniversario del acceso de franco al poder. Pero lo reducido de la amnistía quedó claro ante el hecho de que de los 13.256 presos admitidos oficialmente, sólo 3.086 se beneficiaron de ella, y de éstos, la mayoría purgaba penas de breve duración. Los presos con penas mayores, entre los que se encontraban la mayoría de los políticos, no se beneficiaron de la amnistía. Por otro lado, al extenderse la amnistía a las multas, ello dio como resultado la absolución de los ex ministros y funcionarios multados en su día por el asunto Matesa.

En términos generales, aunque existía un intenso debate sobre el futuro político del país, la tendencia parecía ir hacia el endurecimiento gubernamental. Pero la tendencia no parecía suficiente para satisfacer al búnker. Esto se comprobó por la aparición de violencia de grupos neofascistas a partir de 1971.

Pululando alrededor de la revista Fuerza Nueva y de su director, Blas Piñar, convertido en dínamo intelectual de la ultraderecha, los llamados guerrilleros de Cristo Rey y el Partido Español Nacional-Socialista (PENS) llevaron a cabo campañas de terrorismo cultural contra los obreros, curas en intelectuales. Con la evidente connivencia policial, estos grupos asaltaron varias galerías de arte y librerías de izquierda. Las operaciones se extendieron de Madrid a Barcelona y a Valencia. Los panfletos abandonados tras las incursiones proclamaban la determinación de defender los valores de la victoria de los nacionales en la guerra civil contra el comunismo y contra los seudoliberales en el poder. El 6 de febrero de 1972 el piso de un simpatizante neofascista saltó por los aires en Barcelona, destruyendo el inmueble y matando a ocho personas. La gente creyó que lo que había explotado era un depósito de armas y no unas tuberías del gas, que era la versión de las autoridades.

Los blancos de los neonazis revelaban cuál era su función en la crisis continuada del régimen. Asimismo, ayudaban a explicar por qué las fuerzas del orden cerraban los ojos continuamente. Los comandos ultras llevaban a cabo lo que en un estado que pretendía ingresar en el Mercado Común Europeo no podía hacer por sí mismo sin ponerse en situaciones delicadas. En las universidades los izquierdistas eran sometidos a oleadas esporádicas de terror; en los barrio de la clase obrera las incursiones se efectuaban contra los dirigentes sindicales y, lo que era aún más significativo, los guerrilleros de Cristo Rey entraban en las iglesia de los curas progresistas y apaleaban tanto al clero como a los feligreses.

No había duda de que los ultras pretendían taponar las grietas aparecidas en la presa del franquismo. Sus actividades eran una clara demostración de que la sociedad estaba cambiando y que el régimen se mostraba incapaz para contrarrestar el cambio. Los ultras trataban de dar marcha atrás al reloj con su terrorismo. Esto se hizo evidente cuando atacaron a los símbolos de la burguesía catalana e incluso al Banco Atlántico de Madrid, controlado por el Opus. Se consideraba que Blas Piñar se hallaba próximo a Carrero Blanco, cuyos artículos, con el seudónimo de Ginés de Buitrago, manifestaban una firme hostilidad a la democracia. No resultó sorprendente, pues, que el almirante Carrero comenzase a sentirse acorralado, dada la persistencia de la oposición de obreros y vascos.

El descontento de la clase obrera no resultaba demasiado sorprendente. Los incrementos salariales habían sido limitados a un 6,5 por 100, cuando el incremento real del coste de la vida se acercaba al 12 por 100, pese a las cifras oficiales de inflación del 6 por 100. Además, el tan cacareado crecimiento del Producto Interior Bruto simplemente ocultaba la realidad de las condiciones sociales de la clase trabajadora. El acceso a ciertas mercancías de consumo era una compensación escasa ante un nivel de servicios sociales abismalmente bajo. Los planificadores habían fracasado en su intento de resolver el problema de la vivienda creado por la urbanización masiva. El vacío fue llenado por la especulación inmobiliaria. Asimismo, los problemas derivados del bajo nivel sanitario y de un inadecuada organización de los servicios educativos y médicos sirvieron para intensificar la conciencia de la clase obrera. La protesta contra las deficientes condiciones sociales se convirtió en una parte importante del proceso de politización.

Sin embargo, el régimen, como quedó de manifiesto a través de una circular oficial del Ministerio de trabajo de 1971, no estaba dispuesto a hacer ninguna concesión. Según la circular, las situaciones conflictivas debían ser paliadas por medio de detenciones preventivas y de limitaciones a la prensa en sus informes sobre los conflictos laborales.

Así pues, las huelgas se hicieron aún más enconadas que antes. En septiembre de 1971, durante una huelga en Madrid convocada por los obreros de la construcción, un huelguista, que repartía panfletos, murió de un disparo dado por la guardia civil. Setenta mil trabajadores de la construcción se negaron a volver al trabajo durante cinco día, por solidaridad y en señal de duelo por el muerto. Los obreros del metal de Pamplona y Sevilla se mantuvieron en huelga durante más de un mes. El momento culminante llegó en octubre, en las minas de carbón asturianas y en las fábricas de automóviles de la SEAT, en Barcelona. Ya que ambas empresas eran de propiedad estatal, las huelgas fueron un desafío directo al régimen.

La factoría de SEAT fue ocupada por 7.000 trabajadores como protesta por el encarcelamiento de 23 huelguistas, incluidos nueve enlaces sindicales. El gobernador civil ordenó a la policía que desalojase a los ocupantes, por lo que se produjeron choques sangrientos. Numerosos patronos comenzaban a ver con disgusto la creciente coincidencia entre conflictos laborales y políticos y acabaron por ver en los mecanismos represivos del régimen un obstáculo real para unas relaciones laborales viables.

La ola de huelgas y paros continuó en 1972. El 19 de enero ETA empleó una táctica espectacular para reforzar las peticiones de los obreros vascos en huelga al secuestrar en Durango al industrial Lorenzo Zabala. Fue liberado tres días después, cuando su empresa, Precicontrol, anunció que 183 trabajadores, despedidos por haber ido a la huelga, serían readmitidos y que habría una subida salarial para toda la plantilla de trabajadores. El efecto sobre la imagen popular de ETA fue considerable.

En aquellos días, antes de su degeneración posterior a 1977, ETA gozaba de amplia admiración en España y en el extranjero, como instrumento eficaz de la oposición contra una dictadura cada vez más represora. Acciones tipo Robin Hood , como el secuestro de Zabala, confirmaban las afirmaciones de ETA de que su frente militar era apoyo y complemento de la lucha de masas de los obreros. A las actividades habituales de ETA, como robos de explosivos, de dinero, equipos de falsificación, etcétera, y ataques contra las fuerzas del orden, los activistas vascos añadían ahora ataques a los locales de los sindicatos verticales. Al mismo tiempo, también fueron dinamitados lugares de reunión conocidos por su vinculación a la oligarquía financiera, como clubs náuticos y casinos.

En enero de 1973, otro industrial, Félix Huarte, fue secuestrado para apoyar a los trabajadores en huelga en una de sus numerosas empresas. Como ejercicio de propaganda, esta acción difícilmente podía ser superada, pues era casi imposible, en esos años, pasearse por las calles de cualquier ciudad española sin ver el nombre de Huarte en los carteles de algún edificio en construcción. Al igual que en el caso de Zabala, los deseados aumentos salariales acabaron siendo concedidos.

No hace falta decir que las actividades de ETA no eran aceptada admirativa y acríticamente por toda la izquierda. Tanto CC.OO. como la UGT preferían ir reforzando el poder de la clase obrera por medio de un desarrollo gradual de la solidaridad de masas, en vez de por medio de la violencia. Los comunistas en particular, al haber adoptado una política de alianzas con los sectores dinámicos del capitalismo español, como parte de su Pacto por la Libertad, lo que era una aproximación a las viejas ideas de Claudín, se mostraban hostiles a ETA.

De todos modos, esto no disminuía la sensación de que el régimen estaba en estado de sitio, ni lo disuadía de reaccionar violentamente contra los huelguistas y contra los activistas vascos. Así pues, en 1973 las operaciones contra ETA se convirtieron en enfrentamientos armados directos entre nutridos contingentes de la guardia civil y pequeños comandos de ETA. ETA afirmaba que el régimen no deseaba enfrentarse a nuevos juicios de Burgos y prefería, en cambio, acabar físicamente con sus miembros. Cada vez más, estas acciones militares estaban orientadas concretamente a intimidar a la población vasca. No sólo se usaban amplios poderes para detener e interrogar, con una dureza especial indiscriminada, sino que se había lanzado también una campaña contraterrorista.

Con evidente aquiescencia oficial, los comandos de acción de extrema derecha pronto empezarían a realizar ataques con bombas y metralletas contra las casas de los nacionalistas vascos más prominentes. Así se crearon las condiciones que harían que los problemas del país Vasco envenenasen la vida política española en los años 70.

En 1972 y 1973, la situación en el País Vasco no había alcanzado todavía el grado de violencia a que llegaría desde fines de 1974 en adelante. Los peores enfrentamientos parecían ser, por el momento, con obreros y estudiantes. En marzo de 1972, una huelga en la empresa estatal Bazán de construcciones navales con sede en El Ferrol, fue dominada con tanta brutalidad por la policía que acabó en motín en el centro de la ciudad, en el que dos manifestantes fueron muertos. A esta le siguieron huelgas de solidaridad y manifestaciones en todo el norte de España.

Y peores aún fueron los choques entre la policía y los estudiantes: entre el 6 y el 8 de enero de 1972, más de cincuenta personas resultaron heridas en choques en la Universidad de Madrid. Tras los disturbios del verano, la Facultad de Medicina de Madrid quedó clausurada por cinco meses y la Universidad de Valladolid fue escenario de manifestaciones particularmente violentas. Esto llevó a elementos duros al Ministerio de Educación, como primer paso en la purga de profesores y estudiantes subversivos en las universidades. Pero no sirvió para detener las manifestaciones de descontento por parte de los estudiantes, y el primer cuatrimestre de 1973 vivió enfrentramientos aún más violentos.

7.-Reacción 9.-Se agudiza la crisis