9. Se agudiza la crisis


El aislamiento del establishment franquista se vio incrementado por la creciente influencia de corrientes liberales sobre la jerarquía de la Iglesia. Esto se debió, parte, a la eliminación, por su avanzada edad, de muchos de los obispos de la Cruzada. El arzobispo duro de Madrid-Alcalá, monseñor Morcillo, había fallecido en junio de 1971 y el Vaticano había nombrado a Enrique y Tarancón para el cargo de administrador apostólico. Una vez confirmado como nuevo arzobispo, otros obispos liberales fueron promovidos a los puestos que habían quedado vacantes. Ya en septiembre de 1971, Enrique y Tarancón había desconcertado al búnker al crear la Asamblea Conjunta de obispos y sacerdotes. En su comunicado había propugnado la ruptura de toda relación con el régimen, la revisión del concordato y la renuncia a la participación eclesiástica en las Cortes. Enrique y Tarancón se convirtió en presidente de la Conferencia Episcopal y, al convertirse oficialmente en arzobispo de Madrid, el 11 de enero de 1972, declaró que la unión entre la Iglesia y el Estado había llegado a su fin. Un año más tarde, la Conferencia Episcopal publicó un documento titulado La Iglesia y la comunidad política, en el que se reiteraba el llamamiento para una retirada eclesiástica en lo referente a sus contactos con el régimen. La única respuesta de la dictadura fue intensificar los ataques de los grupos terroristas ultraderechistas ontra los hombres de la Iglesia.

Así, a comienzos de 1973, la situación de crisis se había agudizado. El gobierno de Carrero no había encontrado ninguna solución al descontento social y político o a la hostilidad cada vez más fuerte entre aperturistas e inmovilistas. Los reformistas estaban convencidos de que la supervivencia del régimen dependía de la liberación y del desarrollo de las asociaciones políticas. Los de la línea dura preferían retirarse al búnker.

El discurso de Franco en la Navidad de 1972 pereció dar ánimos a los aperturistas, al hablar, como lo hizo, de la legitimidad de la disparidad de ideas y tendencias. Con gran irritación del búnker, incluso Carrero pareció tomar el mismo camino. El 1 de marzo, Carrero se dirigió al Consejo General del Movimiento y pidió medidas para ampliar la participación del pueblo español en la vida política. En opinión del búnker, ese lenguaje liberalizador era responsable del colapso de la estabilidad sociopolítica del país. A primeros de abril se produjeron huelgas masivas de solidaridad en toda Barcelona cuando un huelguista fue muerto por la policía en San Adrián de Besós. La ultraderecha estaba decidida a detener la descomposición.

Su oportunidad llegó el 1 de mayo. Durante las tradicionales manifestaciones d la clase trabajadora en Madrid, un inspector de la policía secreta, Juan Antonio Fernández Gutiérrez, murió apuñalado por un miembro del ultraizquierdista FRAP. Fueron heridos, asimismo, otros dos policías secretos. Años después se reveló que el FRAP estaba infestado de agentes provocadores de la policía. Pero en aquel momento proporcionó una excusa perfecta para que los duros del régimen emprendieran una ofensiva a gran escala.

Se llevaron a cabo detenciones y torturas generalizadas de izquierdistas de todos los grupos del espectro político. Sin embargo, los acontecimientos más significativos se produjeron durante el funeral de Fernández Gutiérrez. A él asistieron Carrero y el ministro de Gobernación, Tomás Garicano Goñi. El cortejo fúnebre fue encabezado por el general Iniesta Cano, de la guardia Civil. Los miembros de las fuerzas policiales se manifestaron y exigieron medidas represivas. Unos 3.000 ex combatientes falangistas pidieron venganza. Sus proclamas defendían la actividad de los ultra neo-nazis y exigían que se acabase a tiros con los arzobispos rojos. El asunto, que era prácticamente un motín policial, fue tolerado, lo que sugería que los manifestantes y sus aspiraciones gozaban de la comprensión de círculos elevados. La aparente apertura fue cerrada de un portazo.

Percibiendo la victoria, los ultras aumentaron la presión. El gabinete declaró su compromiso de mantener el orden público y aumentar el número de policías y sus recursos. Pero esto no bastaba. Los ultras intentaron convencer a Franco de que el Gobierno había fracasado en su cometido de mantener el orden. Así, el 8 de junio, Carrero fue nombrado presidente del Consejo de ministros y el 11 anunció la formación de un nuevo gobierno duro.

Los ministros acusados de debilidad y liberalismo fueron destituidos. El nuevo gobierno era un gobierno de carácter defensivo. Los tecnócratas quedaron fuera de juego y los que permanecieron lo hicieron a costa de abandonar su liberalismo. La ampliación de los poderes de Carrero indicaba que se preparaba una operación de control para cubrir la sucesión. El incremento de las actividades de los ultras sugería que éstos tendrían la función de francotiradores en la operación.

La más significativa concesión a la extrema derecha fue la sustitución de Garicano Goñi por Carlos Arias Navarro, en su día director general de Seguridad de mano de hierro. El ministro secretario general del Movimiento, Torcuato Fernández Miranda, se convirtió en vicepresidente del Consejo de ministros. El rutilante López Bravo fue cesado. Era un equipo destinado a sofocar las reformas y a aplastar a la oposición. En el barco a medio naufragar del franquismo, la tripulación no podía pensar en ninguna otra táctica mejor que la de ponerse equipos de buceo.

Franco constató con satisfacción que todo estaba atado y bien atado, pero nunca había estado más equivocado. Tras los sucesos del verano, hubo un breve período de respiro tanto en las universidades como en las fábricas. Pero en noviembre el Gobierno aprobó una serie de medidas de estabilización como respuesta a la creciente inflación. Casi inmediatamente se produjeron huelgas en Asturias y en las industrias siderúrgicas del país Vasco. La industria textil catalana sufrió también problemas laborales y se produjeron huelgas incluso en ciudades habitualmente tranquilas como Zaragoza, Valladolid y Alcoy. Dado que los trabajadores necesitaban, cada vez más, dos trabajos o al menos numerosas horas extraordinarias para cubrir sus necesidades, los conflictos sociales constituían el mayor problema al que se enfrentaba el gobierno de Carrero Blanco. La crisis de la energía estaba a la vista y para un país tan dependiente de las importaciones de energía como era España era inevitable la recesión y, con ella, los nuevos problemas laborales. La única respuesta de la que el Gobierno se sentía capaz era la represión, tal y como se vio en la preparación del proceso 1.001, un proceso ejemplar contra diez miembros de CC.OO. acusados de asociación ilícita. El proceso estaba destinado a demostrar la determinación del Gobierno a aplastar a los sindicatos clandestinos.

8.-Inmovilismo 10.-Muerte de Carrero